La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA) a cargo de Luciano Grasso despidió por Whatsapp a 88 profesionales que realizaban trabajo territorial en las provincias de Jujuy, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Estos trabajadores de la salud eran los encargados de aplicar la Ley 26.657 de Salud Mental del año 2010, que implicó un cambio de paradigma en las políticas públicas del área y que tuvo una amplia aceptación de todo el espectro político y de todas las áreas de la salud.

Además de la falta de formalidad del Ministerio que encabeza Adolfo Rubinstein a la hora de informar a los despedidos –que se encargaban de que cumpliera dicha ley en zonas alejadas de los centros urbanos o en zonas desfavorecidas–, miles de personas han quedado sin el derecho básico a una atención primaria en la salud mental.

Sin cobrar hace seis meses, los profesionales debían facturar a la Universidad de Entre Ríos por convenios firmados con el Ministerio de Salud de la Nación. “Es como la crónica de una muerte anunciada”, dice una profesional del Noroeste que se desempeñaba capacitando a los referentes de salud de comunidades de pueblos originarios en la Puna y en la Yunga. “Venimos trabajando hace 14 años con patologías severas. Fue muy difícil entrar y generar un lazo de confianza con las comunidades, y ahora en medio del trabajo del año, que venimos realizando sin cobrar, recibimos el audio de Whatsapp de la directora de Salud Mental de Corrientes diciendo que el trabajo se termina en septiembre. Pero nosotros planificamos todo el año, porque hasta diciembre se suponía que estaba asegurado. Ahora, como siempre, tenemos que poner la cara nosotros y es como mentirle en la cara a la gente”, dice una de las profesionales despedidas.

A pesar de que la función de la DNSMyA es promover y coordinar redes locales, regionales y nacionales suspendió de hecho los encuentros que se realizaban, por lo que los profesionales tuvieron que armar grupos de Whatsapp para mantenerse conectados y compartir experiencias. Ante el mensaje de voz que anunciaba el cese de los contratos, una de las despedidas le escribió un mail al director nacional Luciano Grasso. Y recibió un llamado de “un tal Fernández que me dice ‘cómo sabemos qué ustedes están trabajando’. Durante cinco o seis meses, no recibimos respuestas, y claro te van olvidando, olvidando hasta que finalmente apagan la llamita”.

Otro agente de Salud Mental de la ciudad de Posadas, Misiones, cuenta que el compromiso con la ley por parte de la nueva gestión es nulo. Una vez jubilada la única coordinadora nacional del Ministerio que al menos los atendía, quedaron a la “intemprie”, sin nadie que les atienda el teléfono, ni siquiera “ese muchacho Fernández”. Recién este viernes a través de una compañera afiliada a ATE lograron que les confirmaran –aunque nuevamente de modo informal– que el Ministerio había decidido “dejar de subsdiar a las provincias con estos programas, y que si las provincias los necesitan que se hagan cargo”. En la misma reunión, Grasso sólo se habría comprometido a pagar los meses de salario que se adeudan y se planteó que tal vez en Jujuy no se aplique el total del ajuste “por un acuerdo entre ellos”, en referencia a la relación entre los gobiernos provincial y nacional.

El ajuste en Salud, que ya se fue anunciando con el incumplimiento del calendario de vacunaciones, se profundiza en los sectores más humildes que son los usuarios de la atención de los profesionales despedidos.

En Misiones, miles de usuarios de salud mental sin cobertura quedan sin cobertura. En Chaco y Corrientes diferentes barrios en situación de vulnerabilidad quedaron sin atención primaria de la Salud en Salud Mental. Entre Ríos sufre una situación similar, ya que varios lugares sólo contaban con la atención de los profesionales despedidos por lo que quedan sin atención. En la provincia de Jujuy, quedan sin cobertura pueblos originarios de la Quebrada de Humahuaca, la Puna y la Yunga.