El Ministerio de Seguridad de la Nación fijó -en el año 2013- un protocolo para que los miembros de todas las fuerzas de seguridad que dependen de esa cartera sepan cómo actuar frente a personas con padecimientos de salud mental o consumo problemático de sustancias legales e ilegales.

El eje central de la norma es que esa actuación debe respetar los derechos y garantías de esas personas.

El objetivo, se afirma en la resolución, es “adecuar las intervenciones” de los agentes a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y la Ley de Salud Mental, recientemente reglamentada.

El protocolo incluye información detallada y operativa sobre casos de “riesgo cierto e inminente para terceros o para sí mismo” ante distintas manifestaciones de una sobredosis, agitaciones, amnesia o delirio, y desecha las prácticas policiales avaladas por la actual ley de drogas.

Consultar el materia aquí